Multas al empleador por Ley Karin (2026)
Las multas por incumplir la Ley Karin van de 1 a 60 UTM según el tamaño de la empresa (Art. 506-bis + Art. 184 bis CT). En 2026 una UTM equivale a aproximadamente $66.000. Calcula gratis cuánto arriesga tu empleador y compáralo con el costo de implementar el protocolo.
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Preguntas frecuentes sobre multas de la Ley Karin
¿Por qué incumplimientos puede multar la DT al empleador?
Los principales: (1) no tener protocolo de prevención escrito y socializado (Art. 184 bis); (2) no investigar denuncias en los plazos (Art. 211-A); (3) no tomar medidas de resguardo inmediatas; (4) no comunicar el resultado al denunciante o a la DT; (5) revelar la identidad del denunciante; (6) tomar represalias contra el denunciante; (7) no capacitar al personal en prevención; (8) no actualizar el reglamento interno con la nueva normativa.
¿Cómo se determina el monto exacto dentro del rango?
La DT pondera: gravedad del incumplimiento, número de trabajadores afectados, reincidencia (multiplica x2), antecedentes del empleador, daño causado. Para empresa mediana con primer incumplimiento, suele ser 10-20 UTM (~$660K-$1.32M). Para grande con reincidencia o caso grave (acoso sexual no investigado), puede llegar al máximo de 120 UTM (~$7.92M, multa duplicada).
¿Las multas se pagan al trabajador o al Estado?
Al Estado, no al trabajador. La multa la cobra la Tesorería General de la República. El trabajador denunciante recibe sus indemnizaciones por separado vía juicio laboral de tutela: indemnización por años + recargo de 6 a 11 sueldos (Art. 489 CT), que sí van directo al trabajador. Son montos separados que se acumulan.
¿Cuánto cuesta cumplir la ley vs pagar la multa?
Implementar protocolo + capacitar al personal cuesta entre $200K-$2M para pymes, $5M-$15M para empresas medianas/grandes. Una multa media para empresa de 100 trabajadores con incumplimiento documentado puede ser $2M-$4M. Sumadas las indemnizaciones de los afectados (cada caso $10M-$15M en tutela), el incumplimiento sale 5-10x más caro que la prevención.
Estimación referencial basada en el Código del Trabajo de Chile (valores 2026). No constituye asesoría legal y no reemplaza la opinión de un abogado habilitado. Tus datos sólo se usan para conectarte con el profesional que aceptaste, no se publican.